julio 30, 2026
Hema Dey
Quienes convierten tu defensa en ataque
Cuando una orden de restricción amenaza su situación en el ámbito doméstico, laboral o civil, la intromisión del Estado en su vida privada requiere una contención inmediata.
Johnson Criminal Law Group ofrece la intervención decisiva necesaria para estabilizar su situación y recuperar el control. Actuamos con determinación para cuestionar la narrativa y mitigar los riesgos legales, asegurando que una crisis pasajera no comprometa de forma permanente sus derechos ni su reputación.
Desmantelar narrativas erróneas
Proteja su estatus profesional
Apóyese en la defensa estratégica
Asegura tu independencia personal
Ya sea que se enfrente a una orden por acoso civil o requiera defensa frente a acusaciones de violencia doméstica, nuestro despacho interviene para garantizar que las prohibiciones específicas ordenadas por el tribunal no le priven de su autonomía personal ni de sus derechos parentales.
Para evitar que estas se conviertan en una orden de restricción permanente (PRO), la cual puede durar hasta tres años, desplegamos una defensa enérgica en la audiencia probatoria con el fin de refutar las acusaciones subyacentes antes de que pasen a formar parte del expediente.
Ofrecemos la supervisión experta necesaria para sacar a la luz estas inconsistencias y protegerle de las sanciones por delitos menores o graves asociadas a una condena.
Sí. Una orden de restricción no es necesariamente inmutable. Nos especializamos en la modificación de órdenes de protección, abogando por transformar las condiciones restrictivas de «prohibición de contacto» en disposiciones que permitan un «contacto pacífico». Este es un aspecto fundamental de la defensa de padres en casos de violencia doméstica, ya que permite restablecer la estabilidad del hogar y preservar la reputación profesional mientras se desarrolla el proceso legal.
Mediante la presentación de pruebas de gran peso y el cuestionamiento de la versión de los hechos del solicitante, buscamos evitar que el tribunal emita una orden permanente, protegiendo así su legado de quedar registrado públicamente por abuso o acoso.
